Dolores Lavalle Cobo: Abogada, egresada de la Universidad Católica Argentina en 1990. Tiene un Master en Derecho Internacional y Comparado en The George Washington University, EEUU y, tuvo experiencia sobre fortalecimiento de la participación ciudadana para la ong Environmental Law Institute (Instituto de Derecho Ambiental). Se especializa en Derecho de Acceso a la Información y Comunicación Política, desarrollando proyectos de investigación en estas áreas como colaboradora externa de la Fundación Konrad Adenauer. Es autora de diversos artículos en esta temática, y de los libros “Derecho de Acceso a la Información Pública” (Ed. Astrea) y “Conferencias de Prensa en la Argentina” (KAS). Forma parte del Consejo Editor de la página web www.accesolibre.org, con foco en derecho de acceso a la información pública.
¿Te considerás una "activista" del Acceso a la Información Pública?
Si por activista entendemos a la persona que realiza una actividad
sostenida con intención de promover un cambio de índole social, cultural y
político en un tema específico, entonces, sí me considero una activista del
Derecho de Acceso a la Información Pública. El desconocimiento de los
derechos por parte de la ciudadanía es un hecho sorprendente, pero a la vez
un dato concreto sobre el cual hay que trabajar mucho, y en esto el derecho
a saber o acceso a la información pública juega un rol fundamental, sobre
todo porque facilita el ejercicio de otros derechos fundamentales, como por
ej., a la salud, la educación, un ambiente sano, etc. Quien tiene
información tiene poder. No es lo mismo transitar en la ignorancia que en el
conocimiento. Y estar enterados de lo que pasa nos permite tomar mejores
decisiones.
¿En qué estado estamos en la Argentina con respecto a este tema?
Hoy contamos con un decreto de acceso a la información pública (1172/03)
dictado al inicio de la Presidencia del Dr. Kirchner. Sin embargo, este tema
le corresponde regularlo al Poder Legislativo. Hace 20 años que se vienen
presentando proyectos en la materia y que no han logrado cristalizarse en
una ley. En el 2002, un proyecto del Poder Ejecutivo (Dr. Duhalde) que
contaba con un gran consenso de la sociedad civil y empresarial, logró media
sanción en la Cámara de Diputados. Desafortunadamente, al girar al Senado,
en la Comisión de Asuntos Constitucionales (Pta. Dra Fernández de Kirchner)
se le introdujeron cambios significativos, siendo posiblemente el más
importante, la justificación o fundamentación del pedido de información: o
sea, exigía que se explicara para qué se solicitaba la información. El
significado de información pública es que "su pertenencia o propiedad es de
todos", no sólo que puede ser conocida por todos porque no es secreta o
reservada. Entonces pretender explicar para qué la pido, implica desconocer
el carácter de pública.
Por otra parte, actualmente, hay 14 proyectos de ley presentados en el
Congreso que cuentan con estado parlamentario (10 en Diputados y 4 en
Senadores) y ya está en la agenda de ambas Cámaras como tema prioritario.
Mañana (miércoles 28 de abril) la Comisión de Asuntos Constitucionales de
Diputados cita a sesionar en forma conjunta, los proyectos de acceso a la
información presentados a la fecha. Hoy (martes 27 de abril), hubo una
reunión de los senadores que integran la Comisión de Asuntos
Constitucionales, convocada por el Senador Cabanchik, a fin de recibir la
opinión de abogados constitucionalistas: el Dr. Daniel Sabsay y la Dra.
Marcela Basterra, acerca de los 4 proyectos en tratamiento en el Senado. Son
buenas noticias. Ojalá se pueda trabajar en forma conjunta entre ambas
Cámaras y lograr la sanción de una ley, ya que nuestro país aún carece de
ella (junto a Paraguay y Bolivia).
¿Por qué se niega el acceso a la libre información?
La información se niega por varias razones: la más importante es la falta
de voluntad política, y un claro mensaje de poder: como se mencionó antes,
quien tiene la información, tiene el poder y al retenerla, quien la posee no
cede ese poder. Lo que el gobierno no advierte es que un Estado que brinda
información, genera confianza, porque el acceso a la información es un
puente de diálogo entre Estado y Sociedad Civil. Por otra parte, modificar
la cultura de secreto llevará tiempo y paciencia. A veces por temor a dar
información, un funcionario prefiere retenerla. Además, no están
acostumbrados a verse como "servidores públicos", entonces mucho menos, como
proveedores de información. Y por último, falta la producción de
información.
¿Cuáles son los temas típicos que el Estado esconde de los canales
de acceso a la información pública?
En general, se observa una negativa a brindar información en temas que
toquen intereses económicos: subsidios; publicidad oficial; inversión en
fútbol para todos, etc.
¿Creés que las redes sociales en la web abren un nuevo capítulo en
esta causa pública?
Las redes sociales le imprimen una dinámica impresionante a la difusión
del tema, a enterarse de las noticias; conocer a otros activistas y ong´s
dedicadas a la temática así como al intercambio de experiencias,
estrategias, opiniones, consejos. Gracias a esa interconexión que se teje en
las redes sociales, es posible enterarse rapidísimo de lo que se está
gestando en el mundo y en el país.
¿Los organismos internacionales y las empresas multinacionales
podrían también estar afectadas por el Derecho a la Información
Pública?
Los organismos internacionales están revisando sus políticas de acceso a
la información. Tienen que ser muy cuidadosas porque manejan información
sensible de muchos países, pero la demanda y la presión son muy fuertes
también. De a poco, se van alineando hacia políticas de mayor apertura.
Sin embargo, y esto vale para cualquier país, los acontecimientos políticos
pueden modificar el alcance o "scope" de difusión de la información: en
algunos casos, se tiende a la apertura, pero en otros, a la postura
contraria. Es el caso, de EEUU, donde luego de los atentados terroristas, el
Congreso dictó leyes de mayor protección de la seguridad nacional y de
invasión sobre la intimidad (Homeland Security Act y Patriot Act), que
angostaron la política de apertura de información.
¿Cómo es, en la práctica concreta cotidiana, tu trabajo? ¿Es una
lucha solitaria?
En algunos aspectos es solitaria: estudiar, investigar y escribir
artículos y libros, requieren de momentos de concentración, que en grupo
quizás no se pueden lograr. En otros aspectos, es una tarea compartida por
ong´s, como por ejemplo, la Fundación Konrad Adenauer, que nos ha apoyado a
mi socia, Cornelia Schmidt-Liermann y a mí a encarar estudios muy
interesantes, como por ejemplo, "Periodismo y acceso a la información
pública en México, Perú, Uruguay y Argentina". También trato de contactarme
con ong´s que trabajan en la temática y otros actores o "keyplayers".
Durante la gestión de Marta Oyhanarte al frente de la Subsecretaría para la
Reforma Institucional y el Fortalecimiento de la Democracia, se trabajaba
muy bien con los funcionarios del área, la colaboración era excelente. Lamentablemente, esa política cambió.
¿Te considerás una "activista" del Acceso a la Información Pública?
Si por activista entendemos a la persona que realiza una actividad
sostenida con intención de promover un cambio de índole social, cultural y
político en un tema específico, entonces, sí me considero una activista del
Derecho de Acceso a la Información Pública. El desconocimiento de los
derechos por parte de la ciudadanía es un hecho sorprendente, pero a la vez
un dato concreto sobre el cual hay que trabajar mucho, y en esto el derecho
a saber o acceso a la información pública juega un rol fundamental, sobre
todo porque facilita el ejercicio de otros derechos fundamentales, como por
ej., a la salud, la educación, un ambiente sano, etc. Quien tiene
información tiene poder. No es lo mismo transitar en la ignorancia que en el
conocimiento. Y estar enterados de lo que pasa nos permite tomar mejores
decisiones.
¿En qué estado estamos en la Argentina con respecto a este tema?
Hoy contamos con un decreto de acceso a la información pública (1172/03)
dictado al inicio de la Presidencia del Dr. Kirchner. Sin embargo, este tema
le corresponde regularlo al Poder Legislativo. Hace 20 años que se vienen
presentando proyectos en la materia y que no han logrado cristalizarse en
una ley. En el 2002, un proyecto del Poder Ejecutivo (Dr. Duhalde) que
contaba con un gran consenso de la sociedad civil y empresarial, logró media
sanción en la Cámara de Diputados. Desafortunadamente, al girar al Senado,
en la Comisión de Asuntos Constitucionales (Pta. Dra Fernández de Kirchner)
se le introdujeron cambios significativos, siendo posiblemente el más
importante, la justificación o fundamentación del pedido de información: o
sea, exigía que se explicara para qué se solicitaba la información. El
significado de información pública es que "su pertenencia o propiedad es de
todos", no sólo que puede ser conocida por todos porque no es secreta o
reservada. Entonces pretender explicar para qué la pido, implica desconocer
el carácter de pública.
Por otra parte, actualmente, hay 14 proyectos de ley presentados en el
Congreso que cuentan con estado parlamentario (10 en Diputados y 4 en
Senadores) y ya está en la agenda de ambas Cámaras como tema prioritario.
Mañana (miércoles 28 de abril) la Comisión de Asuntos Constitucionales de
Diputados cita a sesionar en forma conjunta, los proyectos de acceso a la
información presentados a la fecha. Hoy (martes 27 de abril), hubo una
reunión de los senadores que integran la Comisión de Asuntos
Constitucionales, convocada por el Senador Cabanchik, a fin de recibir la
opinión de abogados constitucionalistas: el Dr. Daniel Sabsay y la Dra.
Marcela Basterra, acerca de los 4 proyectos en tratamiento en el Senado. Son
buenas noticias. Ojalá se pueda trabajar en forma conjunta entre ambas
Cámaras y lograr la sanción de una ley, ya que nuestro país aún carece de
ella (junto a Paraguay y Bolivia).
¿Por qué se niega el acceso a la libre información?
La información se niega por varias razones: la más importante es la falta
de voluntad política, y un claro mensaje de poder: como se mencionó antes,
quien tiene la información, tiene el poder y al retenerla, quien la posee no
cede ese poder. Lo que el gobierno no advierte es que un Estado que brinda
información, genera confianza, porque el acceso a la información es un
puente de diálogo entre Estado y Sociedad Civil. Por otra parte, modificar
la cultura de secreto llevará tiempo y paciencia. A veces por temor a dar
información, un funcionario prefiere retenerla. Además, no están
acostumbrados a verse como "servidores públicos", entonces mucho menos, como
proveedores de información. Y por último, falta la producción de
información.
¿Cuáles son los temas típicos que el Estado esconde de los canales
de acceso a la información pública?
En general, se observa una negativa a brindar información en temas que
toquen intereses económicos: subsidios; publicidad oficial; inversión en
fútbol para todos, etc.
¿Creés que las redes sociales en la web abren un nuevo capítulo en
esta causa pública?
Las redes sociales le imprimen una dinámica impresionante a la difusión
del tema, a enterarse de las noticias; conocer a otros activistas y ong´s
dedicadas a la temática así como al intercambio de experiencias,
estrategias, opiniones, consejos. Gracias a esa interconexión que se teje en
las redes sociales, es posible enterarse rapidísimo de lo que se está
gestando en el mundo y en el país.
¿Los organismos internacionales y las empresas multinacionales
podrían también estar afectadas por el Derecho a la Información
Pública?
Los organismos internacionales están revisando sus políticas de acceso a
la información. Tienen que ser muy cuidadosas porque manejan información
sensible de muchos países, pero la demanda y la presión son muy fuertes
también. De a poco, se van alineando hacia políticas de mayor apertura.
Sin embargo, y esto vale para cualquier país, los acontecimientos políticos
pueden modificar el alcance o "scope" de difusión de la información: en
algunos casos, se tiende a la apertura, pero en otros, a la postura
contraria. Es el caso, de EEUU, donde luego de los atentados terroristas, el
Congreso dictó leyes de mayor protección de la seguridad nacional y de
invasión sobre la intimidad (Homeland Security Act y Patriot Act), que
angostaron la política de apertura de información.
¿Cómo es, en la práctica concreta cotidiana, tu trabajo? ¿Es una
lucha solitaria?
En algunos aspectos es solitaria: estudiar, investigar y escribir
artículos y libros, requieren de momentos de concentración, que en grupo
quizás no se pueden lograr. En otros aspectos, es una tarea compartida por
ong´s, como por ejemplo, la Fundación Konrad Adenauer, que nos ha apoyado a
mi socia, Cornelia Schmidt-Liermann y a mí a encarar estudios muy
interesantes, como por ejemplo, "Periodismo y acceso a la información
pública en México, Perú, Uruguay y Argentina". También trato de contactarme
con ong´s que trabajan en la temática y otros actores o "keyplayers".
Durante la gestión de Marta Oyhanarte al frente de la Subsecretaría para la
Reforma Institucional y el Fortalecimiento de la Democracia, se trabajaba
muy bien con los funcionarios del área, la colaboración era excelente. Lamentablemente, esa política cambió.
